Los nuevos datos proporcionados por el portal www.normatividaddecomunicacion.gob.mx confirman una vez más que en México, si un cambio real de régimen político no ha sucedido, es porque casi la mayoría de los medios de comunicación están al servicio de los intereses de los gobernantes en el poder.
El reparto de 2,800 millones de pesos que el gobierno federal cada año hace a una gran cantidad de personas y empresas de la comunicación, explica que no exista opinión crítica de quien se supone debería ejercer el análisis y la investigación periodística. Del lado del gobierno, este excesivo gasto se justifica diciendo que es necesario para difundir los proyectos y acciones de la autoridad; del lado de quienes reciben estos dineros lo racionalizan psicológicamente argumentando que es legal prestar un servicio a cualquier dependencia gubernamental.
Ambas partes retuercen sus pensamientos para acallar a sus conciencias que saben bien que en un país con 70 millones de pobres es inmoral despilfarrar tal cantidad de dinero. Si en verdad la intención fuese comunicar, el gobierno con ese dinero bien podría financiar una cadena de radio y televisión pública a nivel nacional como la BBC del reino unido.
Al hacer un análisis de la cantidad de dinero que se paga a medios de comunicación (portales de noticias en internet, canales de televisión que sólo transmiten por cable, periódicos y revistas con número pequeño de lectores, empresas de publicidad y relaciones públicas que se dedican al coyotaje y que obtienen contratos sin licitación) se ve claramente que están sobre pagados y que detrás de este gasto presupuestal está la intención de acallar y de orientar la opinión de periodistas, comunicadores y demás individuos que encontraron una mina de oro en el oficio de opinar sobre temas nacionales.
La cantidad de personas involucradas en este tipo de negocios es muy grande, por todo el país se han establecido empresas de comunicación cuyo principal cliente es el gobierno. Sin embargo quiero mencionar específicamente al grupo de comentaristas del programa de Tercer grado de Televisa, pues su poder de influencia y nivel de penetración en la opinión pública es considerable. De acuerdo a los datos publicados enwww.normatividaddecomunicacion.gob.mx Ciro Gómez Leyva, Adela Micha, Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga y Denisse Maerker recibieron en conjunto cerca de 10 millones de pesos. Nuevamente, si les preguntamos por concepto de qué son estos pagos, la respuesta inmediata e indignada será que por labores de difusión y publicidad que sus espacios de noticias hacen a los mensajes del gobierno.
Desde luego que cualquier persona tiene derecho a hacer negocios en este país, lo curioso de este grupo de periodistas es que son opinólogos muy activos que vierten sus puntos de vista enarbolando la bandera de la imparcialidad. Lo cierto y bien mirado es que con todo el poder de acceso a la información que tienen, son los que menos periodismo profesional y con rigor ético hacen. Sus opiniones están a menudo orientadas hacia mantener el status quo que a generar la concientización de sus lectores, televidentes o radioescuchas. Hay que decirlo claramente, su imparcialidad y objetividad estará limitada frente al gobierno pues este los financia económicamente.
En muy pocos países del mundo se puede ver que la profesión del periodismo sea tan lucrativa, sólo en México se dan casos como el de López-Dóriga que, escudándose con la imagen de un “teacher modesto” ha podido amasar una inmensa fortuna, valiéndose de sus relaciones y cercanía con quienes tiene el poder político y económico.
Es necesario seguir divulgando la información (gracias a la presión social ahora es posible que el gobierno esté obligado a publicar en que gasta el dinero del país) que demuestra que el gobierno en turno financia a una gran cantidad de periodistas con el único propósito de comprar sus conciencias. Los nuevos canales de comunicación a través de internet son el espacio adecuado para lograr que la política informativa en nuestro país cambie.
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